Ocho denuncias en Baleares a madres por retener a sus hijos en el extranjero

El de la hija de Alberto Encinas fue probablemente el caso de sustracción parental en el el extranjero más conocido de las islas, pero no es el único. En Baleares la cifra de matrimonios mixtos, entre españoles y extranjeros, es muy elevada. Y en los casos de separaciones conflictivas se están produciendo salidas de menores no autorizadas, en las que a los cónyuges que quedan en España les resulta muy complicado localizar a sus hijos.

Pese a la dificultad de obtener cifras oficiales, la Asociación Niños sin Derechos, que asesora a estos padres o madres separados de sus hijos, tiene conocimiento de al menos ocho de estos casos en Baleares. «Los casos de sustraccion parental en el extranjero se han incrementado enormemente en los últimos años», señala Javier Somoza, presidente de la asociación, «sin que jueces ni fiscales hagan nada por solucionarlo. Al contrario, el primer problema con el que se encuentra un padre español separado de sus hijos es que suele tener a jueces y fiscales en contra».

Javier Somoza creó la asociación Niños sin Derechos en 2016, después de que su hijo fuera secuestrado por su madre en Rusia y descubriera las enormes dificultades a las que se enfrentaban los progenitores españoles en una situación así. Su objetivo es asesorar a estos padres, que se encuentran muchas veces perdidos en una maraña burocrática, y tratar de mejorar la colaboración internacional para solucionar estos casos. Su papel fue crucial para que Alberto Encinas, vecino de Pollença, lograra recuperar a su hija tras pasar ocho años retenida por su madre en Polonia: «Aunque aquí lo que marcó la diferencia fue la implicación de la Guardia Civil y una oficial de la policía polaca».

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Pero el final feliz del caso de Olivia Encinas resulta excepcional. En los últimos años se han incrementado las cifras de secuestros parentales en toda España. El último informe de la Fiscalía de Balears, referente al año 2022, recoge 63 denuncias por este delito.

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Somoza denuncia la opacidad de los ministerios de Interior y Justicia, que impide saber a ciencia cierta cuántos de estos casos se refieren a niños trasladados ilegalmente al extranjero por uno de sus progenitores. Sin embargo, su asociación ha recopilado al menos ocho denuncias que siguen activos.

Uno de ellos es la de Rubén García, vecino de Palma cuya exmujer, ciudadana rusa, obtuvo permiso judicial para llevarse de vacaciones a su país a su hija Sofía Oliva, de tres años, pese a que el padre había avisado del riesgo de que no regresaran. Fue en verano del año pasado y Rubén no ha vuelto a ver a la niña. La asociación tiene controlado otros dos casos similares en Rusia, dos más en Polonia, uno en Hungría y otros dos en Ecuador.

El último en ponerse en contacto con Niños sin Derechos ha sido un padre cuya exmujer se llevó a los niños a Suecia en diciembre de 2022 pese a una orden de un juzgado de Manacor que lo prohibía. Este padre explica que hace un año tuvo un juicio en Estocolmo y lo ganó, pero desde entonces las autoridades suecas solo le pusieron pegas y ahora simplemente le dicen que no encuentran a los menores.

Los países más conflictivos

Según los informes del International Child Abduction Prevention and Return Act, del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre los países europeos en los que resulta más complicado recuperar a niños retenidos por uno de sus padres pese a los dictámenes judiciales en contra estarían Rusia, Bulgaria, Rumanía, Polonia y Suecia. A ellos se añaden la mayoría de las naciones de Sudamérica. Por lo general los tribunales de estos países tienden a dar la razón a sus nacionales y desoyen las resoluciones dictadas por jueces en España.

Javier Somoza denuncia otra práctica que ha detectado en varios de los casos, la de las denuncias espurias por violencia de género. «En casos de rupturas hostiles hay casos que utilizan estas denuncias para hacer daño a su expareja alejándole de sus hijos».

A ello se añade, a juicio de Somoza, que «los jueces y fiscales españoles facilitan demasiado estas salidas, quizá porque creen que otros países van a aplicar tan bien las sentencias extranjeras como se hace en España. Sin embargo, estos procesos se pueden prolongar durante años para que al final, las autoridades del país te digan simplemente que no localizan al niño». El presidente de la asociación también recuerda a las Fuerzas de Seguridad del Estado que para que un menor salga del país tiene que estar autorizado por los dos progenitores o contar con un permiso judicial.

«El problema es que muchas veces se piensa que los niños son propiedad de sus padres, y no se tienen en cuenta sus derechos, y lo que supone para ellos perder el contacto con la mitad de su familia, probablemente para siempre», concluye Somoza.

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