El santuario de Lluc no tiene compradas las 268 plazas turísticas que explota

El Obispado tampoco ha presentado la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT)

La sanción a la que se enfrenta la diócesis por infracción muy grave puede alcanzar los 400.000 euros

Sebastià Taltavull, Llorenç Galmés y Hermosinda Mariño, ayer, en Lluc, con asociaciones de Gent Gran.

Sebastià Taltavull, Llorenç Galmés y Hermosinda Mariño, ayer, en Lluc, con asociaciones de Gent Gran. / Consell

Redacción

La hospedería del santuario de Lluc que el Obispado de Mallorca explota ilegalmente como un hotel y como apartamentos de alquiler vacacional tiene cuesta arriba poder operar cumpliendo la normativa turística en vigor. No ha comprado las 268 plazas turísticas que promociona a través de las principales plataformas comercializadoras. Y tampoco ha presentado la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT). La sanción a la que se enfrenta la diócesis por el expediente que le ha abierto el Consell de Mallorca por infracción muy grave puede alcanzar hasta 400.000 euros. 

Al margen de cómo se resuelva este expediente, para poder seguir adelante con la actividad turística la diócesis deberá legalizarla. Para poner en contexto lo empinado que es el camino que enfrenta el Obispado de Mallorca para regularizar su alojamiento ilegal en la hospedería de Lluc hay que tener en cuenta que por ley en Baleares hay una moratoria de plazas turísticas. Implica que está suspendida su adquisición, así como el intercambio de plazas entre particulares, y el Govern del PP ya ha anunciado que no va a levantar el bloqueo al menos este año. 

Rebajar el techo de plazas

La ley turística recoge una serie de excepciones por las que habría establecimientos que no se verían afectados por la moratoria. A priori la situación del santuario de Lluc no se ajusta a ninguna. A esta circunstancia se suma el anuncio del pasado viernes del president del Consell, Llorenç Galmés, sobre que se reducirá el techo de plazas. Se pasará de 430.000 previstas a 412.000. Son. 18.000 plazas menos, un descenso del 4,2 %. Se modificará el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) para tal fin y el Consell no permitirá la creación de ninguna plaza más. El PIAT será el que establezca el techo de plazas definitivo a partir de las que ya hay en la actualidad.

La hospedería que funciona como hotel enfrenta su situación ilegal con el anunciado decrecimiento

La gravedad de las infracciones detectadas por los inspectores, que visitaron el recinto religioso el pasado miércoles 8 de mayo, en el que se comprobó que no se encuentra inscrito en el Registro de empresas y actividades turísticas, la confirman fuentes del Consell. La tradicional hospedería de Lluc dirigida en principio a alojar a peregrinos o huéspedes en búsqueda de un retiro ha derivado en un establecimiento turístico con 268 plazas, con gran cantidad de clientes extranjeros (se anuncia, también en inglés y alemán, como un establecimiento cycling friendly). Tiene complicado su encaje legal dada la legislación en vigor. 

Lluc se comercializa en las principales agencias y webs turísticas, como Booking, Expedia o a través del turoperador Allibert, sin autorizaciones ni permisos y sin haber adquirido las plazas turísticas hoteleras y de alquiler vacacional en el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), organismo dependiente de la institución insular. La ley prevé que las infracciones muy graves se sancionan con multas de 4.001 a 400.000 euros.

Por su parte, desde el Obispado se trató de minimizar la ilegalidad con el alojamiento que oferta 104 habitaciones de tipo hotelero y varios apartamentos en la conocida como zona de es Porxe. La diócesis adujo que se enfrenta a un informe en el que se le señala «lo que se tiene que corregir» para regularizar el alojamiento. Sin embargo, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, convocó ayer a los medios de comunicación —ante el revuelo causado con la publicación en Diario de Mallorca de la incoación del expediente sancionador— y confirmó que «estamos ante el levantamiento de un acta en el que los sancionadores tendrán que analizar lo que los inspectores han apuntado».

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