El Consell se abre a permitir el alquiler turístico en suelo rústico protegido en la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca se abre a permitir el alquiler turístico en las viviendas legales en suelo rústico protegido de la Serra de Tramuntana. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, asegura que se trata de una petición de «todos los alcaldes» de la Serra porque se encuentran con edificaciones legales que no pueden ejercer esta actividad, por lo que considera que será un debate que deberá iniciarse con la modificación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) en la que los diferentes consistorios «podrán expresar su voluntad». Esta fue una de las promesas electorales del PP durante las elecciones de 2023 porque en estos momentos la Ley de Turismo lo prohíbe explícitamente y solo permite cambios a través del PIAT.

Defiende que su postura se basará en dar apoyo a todas las iniciativas que puedan venir de los alcaldes que hayan encontrado estas deficiencias, aunque siempre deberá hacerse con un proceso participativo porque no quieren «imponer» nada, al entender que los consistorios son quienes «saben realmente lo que necesitan» los vecinos.

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La normativa actual prohíbe este tipo de actividad en suelo rústico protegido. En 2018, cuando gobernaba el Pacto, ya se habló de «dar una solución» a las peticiones de algunos alcaldes de la Serra que mostraban su preocupación por el futuro de viviendas centenarias que necesitaban alguna opción viable debido al alto coste del mantenimiento. Una idea que al final quedó en un cajón.

Dos municipios interesados aprobaron en 2018 sendas mociones para que Govern y Consell rectificaran: Andratx y Escorca. En el caso del primero, el encargado de defender la iniciativa fue el ex director general de Transparencia Jaume Porsell, en aquel momento concejal del PP, quien apuntó que la imposibilidad de alquilar en viviendas residenciales situadas en suelo rústico protegido «perjudicará la economía de los vecinos» y defendió que «es también una manera de que los propietarios puedan mantener adecuadamente sus viviendas».

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En el caso de Escorca, la repercusión es aún mayor porque la actividad está prohibida en todo el término municipal, con la única salvedad de las pequeñas zonas urbanas. El pleno del ayuntamiento también dio luz verde a una moción para reclamar que se permita la actividad «condicionada a la vinculación de una actividad agraria, ganadera y/o forestal de la propia finca», con el objetivo, aseguran, de «evitar el abandono» de las fincas.

Més rechaza que las casas ilegales tengan licencias

El posicionamiento a favor de Galmés viene de lejos. El presidente del Consell fue muy crítico con el Pacto durante la aprobación definitiva del PIAT en 2020 porque «excedía las competencias» de la institución insular al prohibir definitivamente el alquiler vacacional de casas en suelo rústico protegido, una decisión que «afecta muy negativamente a los municipios de la Serra donde el suelo está totalmente protegido».

Galmés cargó contra la expresidenta Catalina Cladera por esta cuestión: «Permiten hacer hoteles y agroturismos en suelo rustico protegido pero no alquiler vacacional. No estamos en contra de esto, pero es un agravio comparativo con aquellos particulares que tienen una edificación en este terreno y no la podrán alquilar. Condenan a no poder crecer económicamente a muchos pueblos de Mallorca, como todos los de la Serra. Qué les dirá cuando le llamen alcaldes y regidores para preguntarle por qué no les dejan alquilar la casa que tienen desde hace muchos años».