Calidad democrática y renovación del CGPJ

Una democracia de calidad, de acuerdo con uno de los principales estudiosos de la democracia, el profesor Leonardo Morlino, es aquella que dispone de una estructura institucional estable que hace posible la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos.

Por ello sorprende que el plan de regeneración democrática anunciado por Pedro Sánchez tras su retiro de cinco días, ahora reconvertido en un plan de calidad democrática se vaya a limitar a transponer el Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación aprobado el pasado mayo y a la mejora de las leyes de transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones, en especial las autonómicas. Y en cambio no se incluya algo que sí tiene que, ver y mucho, con la calidad democrática como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo bloqueo sí está alterando ese funcionamiento legítimo y correcto de las instituciones. Y no solo eso ya que además, esa falta de renovación, en estos últimos tiempos atribuible a la negativa del PP, está dañando su reputación y alimentado las sospechas de partidismo, tesis abonada por el propio gobierno.

En este contexto y en su cruzada contra lo que ha denominado la máquina del fango, el gobierno pretende aprovechar el reglamento europeo que tiene por objetivo garantizar la pluralidad e independencia informativa, proteger sus contenidos frente a las plataformas en línea de gran tamaño y mejorar la transparencia de los medios, tanto por lo que respecta a su propiedad como a la publicidad institucional que reciben, para controlar contenidos y canales de financiación de los medios que no le son propicios. Nada de esto tiene que ver con el funcionamiento legítimo y correcto de las instituciones y mecanismos sino más bien con una preocupante voluntad de fiscalizar y censurar a los medios que es justo lo contrario, como reza el reglamento europeo de garantizar su libertad e independencia editorial.

Pero Pedro Sánchez no solo deja fuera del paquete de calidad democrática las reformas institucionales que sí podrían mejorar el funcionamiento de las instituciones sino que lanza un órdago al PP emplazándole a renovar el CGPJ antes de julio y le amenaza con llevar a cabo de manera unilateral una reforma que evite que ese órgano disponga de la facultad para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo o de los tribunales de justicia, al considerar que es justamente esa facultad la que desencadena las lucha y los vetos partidistas. Pero este planteamiento presenta dos debilidades fundamentales. La primera es que una reforma institucional de esta naturaleza ha de ser consensual y no mayoritaria si se quiere que dure. Y la segunda es que si el gobierno realmente quiere desbloquear la renovación del CGPJ no tiene más que instar a la presidenta del Congreso de los Diputados, compañera de partoido, a que incorpore la propuesta en el orden del día para forzar así una votación que probablemente conduciría a un consenso. Al fin y al cabo, la designación de los miembros del CGPJ con el mandato caducado es una atribución de las Cortes Generales. Sin duda, esta sería una decisión arriesgada pero comprometida con el espíritu de la ley, respetuosa con el papel de las instituciones y con la calidad de la democracia. Pero no lo hace quizás sea porque a la mayoría parlamentaria y al presidente del gobierno lee resulta mucho más cómodo y útil políticamente exhibir la irresponsabilidad del PP, que hasta ahora se ha negado a renovar el órgano sin una reforma previa, y de paso reforzar su inédito argumentario acerca de la politización de la justicia.

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