Amnistía urbanística en Baleares: Calculan que un tercio de las viviendas turísticas están fuera de ordenación
Febhatur prevé que ese sería el impacto en Pollença, Alcúdia y Santanyí de los inmuebles que perderían la licencia
La Federación Balear de Viviendas Turísticas defiende no perder «derechos adquiridos». / B. Ramon
«Hay cientos de casas, cientos, sobre todo en Pollença en riesgo de perder la licencia turística», asegura Miquel Cifre, presidente de la Federación Balear de Viviendas Turísticas (Febhatur), si se acogen a la amnistía urbanística. En ese caso si se regularizan, se ven obligadas a dejar la actividad del alquiler vacacional, según dicta el decreto ley de simplificación administrativa del Govern de Marga Prohens. A falta de conocer cifras oficiales, calcula que «un tercio» de la oferta de alquiler turístico está en esa situación en Pollença, Alcúdia y Santanyí, los tres municipios con más plazas turísticas en este sector en Mallorca.
La patronal balear defiende «los derechos adquiridos» porque muchos inmuebles que perderían la licencia turística con la amnistía urbanística la tienen desde hace hasta dos décadas. Tacha de «error» del Ejecutivo autonómico este efecto en la actividad turística por sacar adelante de forma acelerada el decreto ómnibus de medidas urgentes para actuar ante los principales atascos burocráticos de la Administración, que se aprobó el 24 de mayo.
Febhatur aireó el lunes «la problemática» para su sector si se acogen a la amnistía urbanística del PP porque al regularizar las viviendas fuera de ordenación urbanística pierden la licencia turística por la prohibición de destinar estas casas a la comercialización de estancias turísticas.
Febhatur acordó el lunes con el alcalde de Pollença, el socialista Martí March, presentar una enmienda al decreto de simplificación administrativa para mantener las licencias turísticas. Seguirán su ronda de contactos con los consistorios de Alcúdia y Santanyí.
«Nos costa que nos apoyarán Santanyí y Alcúdia porque saben de dónde vienen sus ingresos», sostiene Cifre. Por el momento no han cerrado reuniones con sus alcaldesas, Maria Pons y Fina Linares, ambas del PP.
La alcaldesa Fina Linares cree que «hay que esperar a la interpretación de los técnicos»
Linares considera que es pronto para pronunciarse. La alcaldesa de Alcúdia cree que «hay que esperar a la interpretación que hagan los técnicos. Creo que hemos de ser cautos», añade. Por el momento, desde el sector del alquiler vacacional en el municipio no les han transmitido esta problemática.
Para Cifre hay «fundamento jurídico suficiente» para defender el mantenimiento de unas licencias turísticas que en muchos casos «tienen quince o veinte años de antigüedad. Hay unos derechos adquiridos». En caso de que se les retiren a las viviendas que se regularicen sería «una discriminación». En este sentido, pone de ejemplo que en Pollença «hay tres hoteles en proceso de regulación».
Febhatur espera resolver este asunto con el Govern y el Consell de Mallorca .
Pollença, Alcúdiá y Santanyí son los tres municipios con más actividad de alquiler vacacional. En Pollença hay 2.491 viviendas (14.298 plazas), en Alcúdia, 1.452 (8.444 plazas) y en Santanyí, 1.283 (7.825 plazas), según datos de Turismo del Consell de Mallorca.
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